martes, 15 de octubre de 2019

Et quid est veritas

No me gusta el reggaetón. Es música básica, con mensajes básicos, que apunta a los instintos más bajos del ser humano. ¿Es eso suficiente para considerarla mala? Depende de la clase de conversación que tengamos, sin embargo, nadie podría calificarla como mala per se.

El hecho de que uno crea que algo es o no, ni le añade ni sustrae nada a la verdad de que eso que se está juzgando, es lo que es. En otras palabras… Muchas personas pueden creer que Pablo Escobar fue benefactor de los pobres porque les dio casas y obras y, aún así, ninguno de esos hechos pueden ocultar lo que es: Escobar fue uno de los más grandes criminales de la historia mundial.

Una de las premisas de la comunicación, de la cual se aprovechan descaradamente los medios, la política, la religión, entre otros, es que repetir una idea una y otra vez dará como resultado, al final, la certeza de que esa idea es cierta.

Esa es la razón primera, la más fuerte, por la que una gran cantidad de personas cree que “el gran colombiano”, el “presidente eterno”, el “salvador de Colombia”, Álvaro Uribe Vélez, fue una bendición celestial para este país en ruinas.


Hasta hace un tiempo pensé que era difícil encontrar los datos y los detalles que comprometían al ex Presidente y ahora Senador en crímenes cometidos, incluso desde el tiempo en que era el Gobernador de Antioquia. Sin embargo, solo hace falta indagar un poco, investigar un tanto, tan solo “googlear”, para encontrar un torrente de información que proviene de distintas fuentes.

Solo unos minutos bastaron para encontrar exactamente lo que estaba buscando, y varios días en recopilar, clasificar y analizar toda esa información.

El resultado de esa tarea es esta recopilación de datos que se derivan de investigaciones, que en varias ocasiones, han sido opacadas, silenciadas y, en la mayoría de casos, censuradas por los mismos medios de comunicación.


Comencemos por el principio (redundante, pero sonoro).

El 7 de agosto de 2002, en una pomposa ceremonia en la Plaza de Bolívar de Bogotá, juramentó como presidente ante el Senado de la República de Colombia el ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

Ese sería el comienzo de una nueva era en el país, esa que le lavó el cerebro a millones de ciudadanos por medio de percepciones que aún esconden macabras historias detrás.

El 8 de octubre de 2019, 17 años después del acto que marcó la confirmación del reino del odio y de la violencia en este país, el ahora senador Uribe, presentó declaración ante la Corte Suprema de Justicia para responder por actos relacionados con sobornos y compra de testigos.

Es como si a un asesino serial lo llaman a indagatoria por estar mal estacionado. Y aún así, la falta a la ley se cometió.

Grupos de seguidores enardecidos salieron a las calles para demostrar su apoyo inquebrantable al amo del Ubérrimo, enarbolando banderas y carteles, pero sobre todo, su férrea defensa como perorata: “él fue quien sacó al país de la guerra.”

Pero, ¿es esa la realidad? El hecho de que esa idea se repita, ¿la hace cierta?


Al leer las siguientes líneas, el lector podrá situarse en el contexto, en la génesis de los hechos que dieron comienzo a este embrollo que 17 años después aún atormenta a una sociedad que, al parecer, comienza a despertar del embrujo. 

El 14 de junio de 1983, dos emisarios de la guerrilla de las FARC arribaron a la hacienda Las Guacharacas, propiedad de la familia Uribe. Después de un intercambio de palabras, el patriarca, Alberto Uribe Sierra, desenfundó su arma y disparó contra los guerrilleros. Estos, en respuesta, accionaron sus fusiles hiriendo de muerte al hacendado. Su hijo y hermano de Álvaro, Santiago, fue herido en la espalda. Escapó nadando por el río Nus.

El 2 de enero de 1995, guerrilleros del ELN se aproximaron a la misma propiedad, sometieron a la servidumbre, quemaron la casa principal, robaron reses, caballos y bienes, y advirtieron a los trabajadores que debían abandonar esa tierra en menos de 24 horas.

Se dice que quien comandó la acción fue Humberto Mesa, alias “Juan Pablo”, que, en un acto retador y con toda seguridad tonto, presumía por toda la región el caballo favorito del ahora gobernador de Antioquia, que había sido robado en la incursión a la hacienda de la familia Uribe.

Días después se anunció que alias “Juan Pablo” había sido abatido en combate con el ejército. Lo impactante es que un soldado de nombre Ferney Cardona, contó que el operativo nunca ocurrió y que al insurgente lo habían capturado paramilitares quienes lo entregaron al ejército. Posteriormente, él y otro capturado fueron puestos en un campero Trooper y fueron asesinados dentro, para después reportarlos como “caídos en combate”.

Se puede categorizar el actuar claramente delincuencial de los guerrilleros, pero ¿cómo llamamos a lo que sucedió con los capturados? En esta época de sensibilidades y de avalanchas de eufemismos, los medios masivos lo llamarían “neutralización”. 
Personalmente me quedo con lo que es: ejecuciones extrajudiciales, asesinatos… Falsos positivos.

La gestión del instrumento de Justicia y Paz recopiló y enseñó evidencias de que en el año 1995, justo después de la quema de la hacienda Las Guacharacas, el Bloque Metro de las AUC nació en inmediaciones de la región, fundado por dueños de tierras vecinas a la hacienda y quienes siempre tuvieron negociaciones con los Uribe Vélez.

Al siguiente año, en 1996, el gobernador Uribe Vélez legalizó la creación de uno de los grupos de autodefensa que se apodaban Convivir bajo el nombre de El Cóndor. Solo en ese año y después de dicha legalización, desaparecieron cuatro personas en San Roque, seis fueron masacradas en Providencia, ocho en Maceo, tres en San José del Nus y cinco más en Providencia.

En 1998, el CTI allanó bienes a testaferros en los que encontraron documentos de contabilidad que contenían información clara y concisa con respecto a la entrega de dineros a la Convivir El Cóndor, que eran desviados para pagar a miembros de grupos paramilitares.

El 10 de julio de 2009, Santiago Gallón, vecino, amigo y socio en los negocios de los Uribe Vélez, se entregó a la Fiscalía y confesó que por años había financiado los bloques Metro, Cacique Nutibara, Central Bolívar y Héroes de Granada, todos pertenecientes a las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Gallón fue condenado en 2010 bajo los cargos de concierto para delinquir.

Varios testimonios de paramilitares acogidos por el proceso de Justicia y Paz declararon que la creación del Bloque Metro fue la respuesta a las incursiones en la hacienda Las Guacharacas, específicamente a la quema de la casa.

Posteriormente, Pablo Sierra, miembro del Bloque Metro, declaró que había ayudado a financiar la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez del 2002.

Pero más allá de la historia comprometedora de la familia Uribe con los grupos paramilitares, hay una serie de crímenes que vinculan al “presidente eterno”.

Muy sonado es el caso del presidente del Comité por los Derechos Humanos de Antioquia, el abogado José María Valle, quien fue asesinado en su oficina en Medellín por dos sicarios. Era la culminación de una obra macabra que dejó a Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur y Luis Felipe Vélez, todos pertenecientes al mismo comité, como víctimas de una mano negra que ha merodeado a todos los defensores de derechos humanos desde el apogeo de las autodefensas.

Valle era el mayor contradictor del gobernador de Antioquia elegido en 1994: Álvaro Uribe Vélez.

Hay que reiterar que fue en esta época en la que los movimientos de autodefensa legales, las Convivir, se establecieron como herramienta legítima de protección en contra de la creciente violencia. Su gran promotor, el hoy senador Uribe, fue testigo de cómo esta nueva forma de defensa se salía de control.

A raíz de esta tendencia y de las constantes masacres y vejaciones a las que los moradores del área del bajo Cauca estaban sometidos, el defensor de derechos humanos exigió explicaciones al Gobernador.

En 1996, Valle le advirtió al Gobernador que los paramilitares planeaban atacar la población de La Granja, lugar en el que creció y que estaba asediado por los frentes 5, 36 y 18 de las FARC. También le recalcó que Carlos Castaño, líder de las AUC del momento, había acordado con el ejército acusar a los pobladores de colaboradores de la guerrilla, y así, moldear la excusa perfecta para iniciar el ataque.

Uribe no lo escuchó.

La reacción del hoy Senador fue iniciar una campaña de desprestigio en contra de Valle en los medios de comunicación, acusándolo de “especializarse en la crítica a las Fuerzas Armadas”. Seis meses después, cuatro personas fueron masacradas en La Granja.

El 20 de noviembre del mismo año, hubo una advertencia más por parte del Comité por los Derechos Humanos de Antioquia. Esta vez, el plan de los paramilitares era atacar la población de El Aro.

Uribe no los escuchó.

Ante la repetida omisión del Gobernador, José María Valle levantó su voz para denunciar. Este acto valiente fue la firma de su sentencia de muerte. Declaró que había un acuerdo tácito entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el gobernador Uribe Vélez, Pedro Juan Moreno y el comandante de las autodefensas, Carlos Castaño.

Dijo que el apoyo a estos grupos venía del gobierno, los militares, la policía, ganaderos y banqueros tanto de Antioquia como del país entero.

En octubre de 1997, paramilitares al mando de Carlos Castaño llegaron a El Aro. 

Asesinaron a 15 personas, violaron, robaron, torturaron y acabaron con el pueblo en 21 días de horror. 21 días en los que ni el ejército, ni la policía acudieron al llamado de ayuda de sus pobladores. No valieron ni las advertencias de Valle y el comité, ni la eminencia del ataque.

Como respuesta a las denuncias públicas hechas por el abogado, comenzaron las amenazas, los sufragios, las llamadas. El 27 de febrero de 1998 los sicarios de Carlos Castaño silenciaron la molesta voz de José María Valle, como ya lo habían hecho con sus compañeros y colegas del comité.

El primero de julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia correspondiente a las masacres de El Aro y La Granja, responsabilizó al Estado y dejó en claro que la Gobernación de Antioquia, de manera clara, había sido negligente y había omitido cualquier acción para evitar la tragedia.

No es extraño entonces que el ex presidente esté vinculado al caso de las interceptaciones ilegales o “chuzadas” del DAS.

En este caso, se le acusa de ordenar escuchas telefónicas ilegales a periodistas, dirigentes políticos de oposición, víctimas del conflicto armado y, cómo no, defensores de derechos humanos y miembros de ONGs durante su gobierno que comenzó en 2002 y terminó en 2010.

Víctimas de estos seguimientos explicaron que el ex presidente los había señalado de traficantes de derechos humanos y terroristas. El condenado ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, declaró que estas prácticas eran parte de la política de seguridad democrática que promovió el entonces Presidente de Colombia.

La lista continúa; hay un largo inventario de investigaciones en curso no menos truculentas.

Después de terminado el gobierno de Uribe y con un proceso de paz que logró desmovilizar a la guerrilla más antigua del mundo (las FARC), la denuncias y las investigaciones comenzaron a florecer.

¿La razón? Los periodistas e investigadores ya no tenían la censura forzada por parte de quienes controlaban el país: el ejército, los paramilitares y la guerrilla.


Y es que durante el gobierno del ahora Senador Uribe, se redujeron los asesinatos de periodistas, sin embargo, aumentó el número de colegas exiliados, pero por sobre todo, se redujeron las garantías para el libre desarrollo de la profesión.


Las amenazas aumentaron y los métodos agresivos para acallar a aquellos que investigaban estas denuncias se desbordaron, actitudes que venían desde el mismo Presidente, pues en sus discursos guerreristas no dudaba al acusar a periodistas y activistas de derechos humanos de "guerrilleros" y "terroristas".


Como consecuencia, el espionaje indebido, el exilio forzado y la estigmatización fueron las armas predilectas del Presidente y sus seguidores.


Y aunque con el gobierno actual el retroceso con respecto a las libertades, la paz, el empleo y muchos otros aspectos es evidente, aún es posible que yo, como algunos otros, podamos ser el vínculo entre la sociedad y los hechos.


A Uribe no le gusta esto.



Felipe La Serna



Con información rescatada de:
https://www.vice.com/es_co/article/5gv4ek/esta-es-la-historia-que-no-le-dejaron-contar-a-ivn-cepeda-sobre-lvaro-uribe
https://www.las2orillas.co/el-crimen-de-jesus-maria-valle-una-muerte-que-pesa-sobre-alvaro-uribe-velez/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/07/26/casos-alvaro-uribe-velez-casos-corte-suprema-acusaciones-testigos-procesos/
https://colombiacheck.com/chequeos/uribe-redujo-los-asesinatos-de-periodistas